(Julio Núñez y Íñigo Domínguez, El País) El ocultamiento, el silenciamiento y encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica española, donde al menos 39 obispos están acusados y señalados de haber tapado casos de los que han tenido constancia, según ha podido acreditar este diario a través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas. Las acusaciones apuntan a que estos prelados impidieron que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente. Los obispos siguieron diversas maniobras: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país. En algunos casos las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.
Tanto la Conferencia Episcopal Española como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades a finales de 2021 y en junio de este año con 451 casos inéditos. Los obispos españoles afirman que remitieron estos episodios a las diócesis correspondientes para que iniciasen las “investigaciones oportunas”. De todos los acusados, solo 14 están vivos.
Parte de las acusaciones que aquí se presentan provienen del millar de mensajes que han llegado desde octubre de 2018 al correo electrónico de denuncia de EL PAÍS: abusos@elpais.es. A continuación, se puede consultar la lista de los obispos acusados por víctimas con una breve descripción de los supuestos hechos que ocultó, silenció o encubrió. La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y están incluidos en la base de datos de EL PAÍS.
Están clasificados por orden alfabético, y aquellos que junto al nombre tienen una comilla angular (como la punta de una flecha), son los que aparecen en anteriores publicaciones de este diario con artículo propio al que se puede acceder haciendo click sobre el nombre.
Bernardo Álvarez
Obispo actual de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). Acusado de encubrir al sacerdote C. H. G., párroco de Teijna, después de que una supuesta víctima denunciase en 2004 que abusó de ella en los años noventa. Por entonces, era vicario general de la diócesis. Un año después, ya como prelado titular, la víctima le acusa de no abrir una investigación contra el sacerdote.
Rafael Álvarez Lara
Obispo de Guadix (1942-1965) y obispo de Mallorca (1965-1973). Acusado de encubrir a M. B. M., rector del seminario de Guadix entre 1952 y 1956 y canónico de la catedral de la diócesis de Guadix, por abusar de varios menores seminaristas. Un antiguo profesor jesuita del seminario afirma que el obispo lo supo y lo cesó de su cargo, razón por la que su orden tomó el relevo en la dirección del seminario en 1956 y él entró a dar clase en el centro.
Juan José Asenjo
Obispo auxiliar de Toledo (1997-2003), obispo de Córdoba (2003-2008), exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Sevilla (2009-2021). Mantuvo en el cargo y apoyó a un sacerdote investigado por abusos en la diócesis de Córdoba a comienzos de los años 2000.
Trebujena (Cádiz) El obispo de la diocesis de Jerez,Rafael Bellido Caro,durante la coronacion de la imagen de Nuestra Señora de Palomares.EFE/MOVELLAN
Rafael Bellido Caro
Obispo auxiliar de Sevilla (1973-1980) y obispo de Asidonia-Jerez (1980-2000). Acusado de encubrir al sacerdote M. D. O. cuando era obispo de Jerez después de que este abusara de una docena de niños en la parroquia de Ubrique, desde finales de los años ochenta hasta 1991. Uno de los denunciantes cuenta que varios de los afectados se lo contaron a sus padres y que “inmediatamente” el sacerdote desapareció del pueblo. Con el tiempo, se enteraron de que fue recolocado y acudieron al obispado para contarle todo al obispo. Este, según su relato, hizo caso omiso y no hizo nada.
Antonio Briva
Obispo de Astorga (1967-1994) y antiguo miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Encubrió y trasladó en dos ocasiones al cura José Manuel Ramos Gordón por varios casos de abusos a menores en los años ochenta.
Jaume Camprodon Rovira
Obispo de Girona (1973-2001). Acusado de encubrir al párroco de de Vilobí d’Onyar, señalado de abusar de menores durante 33 años.
Pedro Cantero Cuadrado
Obispo de Barbastro (1952-1953), obispo de Huelva (1953-1964) y arzobispo de Zaragoza (1964-1977). Acusado de encubrir a P. R. G., sacerdote en Alosno (Huelva), después de que una víctima le escribiera varias cartas relatándole cómo este sacerdote la adoptó y la violó repetidamente durante los años cuarenta.
Ricard Maria Carles i Gordó
Cardenal emérito de Barcelona, arzobispo de Barcelona (1990-2004), obispo de Tortosa (1969-1990) y ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió el caso del sacerdote Jordi Senabre, imputado por abusar de un niño de 12 años en 1988 en Polinyà (Barcelona). Antes de que se celebrase el juicio, Carles firmó en 1990 el traslado a Ecuador de Senabre como misionero, según descubrió EL PAÍS en 2018, y así pudo huir al extranjero. Allí se ha ocultado hasta la actualidad. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, también participó en los noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales.
Josep Maria Cases Deordal
Obispo de Segorbe-Castellón (1971-1996). Está en proceso para ser beatificado por la Iglesia. Encubrió y trasladó en 1984 a un cura que abusó de un menor en Artana (Castellón).
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca (1973-1996) y exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española (1966-1972). Encubrió y trasladó al párroco de Mota del Cuervo (Cuenca) tras un caso de abusos.
Manuel Fernández-Conde García de Rebollar
Obispo de Córdoba (1959-1970). Acusado de encubrir al religioso J. L., de la orden de los hermanos de La Salle, por abusar de un menor en el colegio de dicha congregación en Córdoba entre 1965 y 1966.
Vicente Enrique y Tarancón
Obispo de Solsona (1945–1964), arzobispo de Oviedo (1964-1969), arzobispo de Toledo (1969-1971), arzobispo de Madrid desde 1971 a 1983, cardenal desde 1969 y presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1971 a 1981. Está bajo sospecha su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, un sacerdote compositor de célebre música litúrgica, como 'Pescador de hombres' y 'Juntos como hermanos'. Gabaraín fue acusado de abusos por alumnos del colegio marista de Chamberí, en Madrid, donde ejercía de capellán, y expulsado del centro a finales de 1978. Sin embargo, a los dos meses fue nombrado prelado de Su Santidad por Juan Pablo II, trasladado a otro colegio de Madrid, el de San Fernando, y destinado a una parroquia de la ciudad, en el barrio de Mirasierra, donde fue vicario hasta su fallecimiento en 1991.
Felipe Fernández García
Obispo de Ávila (1976-1991) y obispo de Tenerife (1991-2005). Acusado de encubrir al sacerdote C. H., párroco de Teijna, después de que una persona denunciase en 2004 que abusó de ella en los años noventa.
Segundo García de Sierra
Obispo de Barbastro (1954-1959), arzobispo coadjutor de Oviedo (1960-1964) y arzobispo de Burgos (1964-1983). Acusado de hacer caso omiso a varias denuncias de dos sacerdotes contra F. B. por haber cometido abusos sexuales contra menores en el Seminario de San José de Burgos y en las Escuelas del Padre Manjón. Los supuestos abusos tuvieron lugar entre 1962 y 1965, con menores entre siete y 12 años.
Xosé Gómez
Obispo de Lugo (1980-2007). Acusado de encubrir y no investigar una denuncia de abusos contra varios sacerdotes y profesores en el seminario de Lugo que tuvieron lugar entre 1966-1968.
Rafael González Moralejo
Obispo auxiliar de Valencia (1958-1969) y obispo de Huelva (1969-1993). Está acusado de encubrir un caso de abusos cometido por un sacerdote y profesor del Seminario de Huelva en los años setenta. El supuesto pederasta, de nombre J., abusó de dos menores seminaristas.
Fidel Herráez
Obispo auxiliar de Madrid (1996-2015) y arzobispo de Burgos (2015-2020). Acusado de encubrir y trasladar cuando era obispo auxiliar de Madrid al sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado ante el obispado por la víctima en 2006.
Narcís Jubany Arnau
Obispo auxiliar de Barcelona (1955-1964), obispo de Girona (1964-1971), cardenal de Barcelona (1971-1990) y antiguo miembro del consejo de cardenales de Juan Pablo II. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales.
Carlos López
Obispo de Plasencia (1994-2003) y obispo de Salamanca (2003-2021). Ha encubierto al sacerdote Isidro López, condenado en 2014 por tres casos de abusos. Como sus predecesores, ignoró las denuncias contra él, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS, y, tras la denuncia de una víctima en 2011, no apartó al abusador, pese a que había confesado, y siguió oficiando en una parroquia y en contacto con menores. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos. Llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Julián López
Obispo de Ciudad Rodrigo (1994-2002) y de León (2002-2020). En 1998 no impuso una pena canónica a un sacerdote condenado a un año de prisión por abusos y ocultó a los fieles que había sido condenado. Según el relato de la familia de una segunda víctima, pactó con ellos que no denunciasen a cambio de trasladarlo a otro pueblo, aunque López lo niega.
Camilo Lorenzo
Obispo de Astorga (1995-2015). Encubrió al pederasta José Manuel Ramos Gordón, sacerdote y profesor en el Seminario Menor de La Bañeza (León) y en el colegio zamorano de Juan XXIII, centros donde abusó de varios menores a lo largo de los años ochenta.
Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada, obispo de Córdoba (1996-2003), obispo auxiliar de Madrid (1985-1996) y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de España. Encubrió a un sacerdote acusado de abusos en la diócesis de Córdoba y lo mantuvo en el cargo a pesar de las denuncias en los tribunales a comienzos de los años 2000.
Lluís Martínez i Sistach
Obispo auxiliar de Barcelona (1987-1991), obispo de Tortosa (1991-1997), obispo de Tarragona (1997-2004), cardenal de Barcelona (2004-2015) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Encubrió el caso del sacerdote Jordi Senabre, imputado por abusar de un niño de 12 años en 1988 en Polinyà (Barcelona) y que huyó del país con la ayuda del arzobispado de Barcelona. Antes de que se celebrase el juicio, el arzobispo Ricard Maria Carles firmó en 1990 el traslado a Ecuador de Senabre como misionero, según descubrió EL PAÍS en 2018. En el momento de la huida Martínez i Sistach era obispo auxiliar y cuando Carles dejó el cargo le sustituyó como prelado de la ciudad condal en 2004. En su cargo, continuó encubriendo la fuga del acusado.
Antonio Montero
Obispo auxiliar de Sevilla (1969-1994), obispo de Badajoz (1980-1994) y arzobispo de Mérida-Badajoz (1994-2004). Esta acusado de encubrir en 1989 al sacerdote J. R. S. después de que un niño le contase en privado que había abusado de él en una parroquia de Zafra (Cáceres). Montero lo trasladó a Sevilla (diócesis donde había sido obispo auxiliar y que en esos años regía el obispo Carlos Amigo). Allí siguió oficiando misas en varias parroquias.
Carlos Osoro
Obispo de Ourense (1997-2002), arzobispo de Valencia (2009-2014), arzobispo de Oviedo (2002-2009), actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió un caso en la archidiócesis de Oviedo en 2002, cuando la madre de una víctima le comunicó que un sacerdote de su diócesis había abusado de sus hijas pequeñas. Osoro admitió en una entrevista a EL PAÍS que no atendió bien a la madre, que llevaba poco tiempo en el cargo y que el por enconces vicario general, Juan Antonio Menéndez (futuro obispo de Astorga), le aseguró la esa denuncia ya había sido resuelta.
Jaume Pujol Balcells
Arzobispo de Tarragona (2004-2019) y miembro del Opus Dei. Encubrió a un cura en 2011 que abusó de tres niñas en un colegio de Cabra de Camp. El sacerdote fue apartado dos años en el Monasterio de Poblet, pero luego volvió a ser cura en Arbeca y otros municipios de Urgell, donde también daba catequesis. La Generalitat de Catalunya tampocó llevó el caso a las autoridades a pesar de haber recibido varias quejas. En 2019, la diócesis, tras una investigación, aseguró que no había pruebas de delito. En la justicia civil continúa abierto el caso.
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela y obispo titular de Fuerteventura (1999-2002), obispo de Ourense (2002-2010) y actualmente obispo de Tuy-Vigo desde 2010. Acusado de encubrir al cura pederasta F. M. M. L. La familia de la víctima asegura haber acudido al obispado de Ourense en 2009 para pedir que Quinteiro Fiuza apartara a F. M. M. L. de la actividad sacerdotal, pero insisten en que desde el obispado les dijeron que la víctima tendría que presentar una denuncia para que se tomaran medidas contra el acusado. Cuando la víctima lo denunció en los tribunales civiles en 2019, la Iglesia abrió un proceso canónico contra F. M. M. L. y lo cerró sin consultar a la víctima ni tomar su testimonio. Como obispo de Tuy-Vigo, Quinteiro Fiuza silenció y encubrió el caso de abusos de los Miguelianos cuando una madre denunció el caso en 2012.
Miguel Roca Cabanellas
Obispo de Cartagena (1966-1978) y arzobispo de Valencia (1978-1992). Acusado de encubrir al sacerdote A. Y. T. en los años sesenta, mientras dirigía la diócesis de Cartagena, después de que una víctima acudiese a la oficina del obispo para denunciar al abusador: “Nos trataron de mentirosos”.
Braulio Rodríguez
Obispo de Osma y Soria (1987-1995), obispo de Salamanca (1995 a 2002), arzobispo de Valladolid (2002-2009), arzobispo de Toledo (2009-2019) y exmiembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Siendo obispo de Salamanca, ignoró las denuncias contra el cura Isidro López, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS. Como obispo de Toledo, ha ignorado las denuncias contra un sacerdote procesado en Talavera, pues solo después de que la víctima escribiera al Vaticano abrió un proceso canónico y desoyó durante años las acusaciones contra otro cura del seminario menor Santo Tomás de Villanueva. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de EE UU. Llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid (1997-2007). Un grupo de catequista le acusa de encubrir a un sacerdote de una parroquia de Aluche que abusó de un niño de 12 años entre 1998 y 2001. Los catequistas acudieron a su despacho e intentó frenar que fueran a las autoridades. Finalmente denunciaron a la Fiscalía de Menores y el sacerdote fue condenado a dos años de cárcel en 2006 y la archidiócesis a pagar 30.000 euros de indemnización como responsable civil subsidiaria.
Antonio María Rouco Varela
Arzobispo de Santiago de Compostela (1984-1994), arzobispo de Madrid (1994-2014) y expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió un caso en Madrid cuando unos catequistas le comunicaron los abusos de un sacerdote en los años 2000. Los denunciantes, que luego acudieron a la justicia civil, aseguran que Rouco Varela ejerció presión para que el caso no saliera a la luz. En otro caso en Alcalá de Henares, donde un cura fue condenado a 10 años de cárcel en 2003, la familia y la acusación particular le acusaron de haber ignorado las denuncias de la madre. Acusado también de encubrir y trasladar al sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado ante el obispado por la víctima en 2006. Y acusado de esconder en los años 2000 en el seminario Redemptoris Mater de Madrid durante algunos meses a un sacerdote denunciado por abusos a menores y trasladarlo a Perú.
Mauro Rubio
Obispo de Salamanca (1964-1995). Encubrió al sacerdote Isidro López, condenado por tres casos de abusos en 2014. Ignoró las denuncias que llegaron contra el cura, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS, mediante una grabación de su lectura a las víctimas, pues no se les dio copia. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de EE UU. Rubio lo acogió y el cura llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Jesús Sanz
Obispo de Jaca y de Huesca (2003-2009), arzobispo de Oviedo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y comisario pontificio de Lumen Dei. Está acusado de encubrir un caso después de que una víctima le entregase una carta contando los abusos que un sacerdote ejerció sobre ella cuando era menor. También le visitó personalmente y no hizo nada. También está señalado de encubrir un caso de abusos en 2012, cuando la víctima (que fue agredida en los años 70) le escribió una carta contando lo sucedido y el obispo no le recibió. Tampoco apartó ni abrió un proceso contra el acusado.
Carles Soler Perdigó
Obispo auxiliar de Barcelona (1991-2001) y obispo de Gerona (2001-2008). Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. En aquel momento era también Vice-Provisor y Juez Pro-Sinodal de la Curia de Justicia del arzobispado de Barcelona.
Jaume Traserra Cunillera
Obispo auxiliar de Barcelona (1993-2001) y obispo de Solsona (2001-2010). Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. Entonces era vicario general de la archidiócesis.
Teodoro Úbeda
Obispo de Mallorca (1973-2003). Encubrió un caso de abusos cometido por el sacerdote Pere Barceló en Can Picafort, según aparece en la sentencia canónica de la propia diócesis en 2011.
José Vilaplana
Obispo auxiliar de Valencia (1984-1991), obispo de Santander (1991-2006) y obispo de Huelva (2006-2020). Acusado de encubrir al salesiano T. R. en la década de los noventa, mientras era obispo de Huelva, cuando una víctima de abusos de este sacerdote, ya mayor de edad, llamó al obispado para denunciar su caso. La víctima relata que en la diócesis “no le hicieron caso”.
Joan-Enric Vives Sicilia
Obispo auxiliar de Barcelona (1993-2001) y actual arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra desde 2001. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. Entonces era obispo auxiliar de la ciudad.
Juan Pedro Zarranz y Pueyo
Obispo de Plasencia (1946-1973). Acusado de encubrir al sacerdote F. T. T. después de que varios hermanos maristas le comunicasen que abusaba de varios menores durante los años sesenta en la parroquia de Jarandilla de la Vera (Cáceres). La víctima cuenta que hace unos años un sacerdote conocido le afirmó que la Conferencia Episcopal Española estaba al tanto de lo que hizo su agresor, pero que no hizo nada.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es.
Tanto la Conferencia Episcopal Española como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades a finales de 2021 y en junio de este año con 451 casos inéditos. Los obispos españoles afirman que remitieron estos episodios a las diócesis correspondientes para que iniciasen las “investigaciones oportunas”. De todos los acusados, solo 14 están vivos.
Parte de las acusaciones que aquí se presentan provienen del millar de mensajes que han llegado desde octubre de 2018 al correo electrónico de denuncia de EL PAÍS: abusos@elpais.es. A continuación, se puede consultar la lista de los obispos acusados por víctimas con una breve descripción de los supuestos hechos que ocultó, silenció o encubrió. La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y están incluidos en la base de datos de EL PAÍS.
Están clasificados por orden alfabético, y aquellos que junto al nombre tienen una comilla angular (como la punta de una flecha), son los que aparecen en anteriores publicaciones de este diario con artículo propio al que se puede acceder haciendo click sobre el nombre.
Bernardo Álvarez
Obispo actual de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). Acusado de encubrir al sacerdote C. H. G., párroco de Teijna, después de que una supuesta víctima denunciase en 2004 que abusó de ella en los años noventa. Por entonces, era vicario general de la diócesis. Un año después, ya como prelado titular, la víctima le acusa de no abrir una investigación contra el sacerdote.
Rafael Álvarez Lara
Obispo de Guadix (1942-1965) y obispo de Mallorca (1965-1973). Acusado de encubrir a M. B. M., rector del seminario de Guadix entre 1952 y 1956 y canónico de la catedral de la diócesis de Guadix, por abusar de varios menores seminaristas. Un antiguo profesor jesuita del seminario afirma que el obispo lo supo y lo cesó de su cargo, razón por la que su orden tomó el relevo en la dirección del seminario en 1956 y él entró a dar clase en el centro.
Juan José Asenjo
Obispo auxiliar de Toledo (1997-2003), obispo de Córdoba (2003-2008), exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Sevilla (2009-2021). Mantuvo en el cargo y apoyó a un sacerdote investigado por abusos en la diócesis de Córdoba a comienzos de los años 2000.
Trebujena (Cádiz) El obispo de la diocesis de Jerez,Rafael Bellido Caro,durante la coronacion de la imagen de Nuestra Señora de Palomares.EFE/MOVELLAN
Rafael Bellido Caro
Obispo auxiliar de Sevilla (1973-1980) y obispo de Asidonia-Jerez (1980-2000). Acusado de encubrir al sacerdote M. D. O. cuando era obispo de Jerez después de que este abusara de una docena de niños en la parroquia de Ubrique, desde finales de los años ochenta hasta 1991. Uno de los denunciantes cuenta que varios de los afectados se lo contaron a sus padres y que “inmediatamente” el sacerdote desapareció del pueblo. Con el tiempo, se enteraron de que fue recolocado y acudieron al obispado para contarle todo al obispo. Este, según su relato, hizo caso omiso y no hizo nada.
Antonio Briva
Obispo de Astorga (1967-1994) y antiguo miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Encubrió y trasladó en dos ocasiones al cura José Manuel Ramos Gordón por varios casos de abusos a menores en los años ochenta.
Jaume Camprodon Rovira
Obispo de Girona (1973-2001). Acusado de encubrir al párroco de de Vilobí d’Onyar, señalado de abusar de menores durante 33 años.
Pedro Cantero Cuadrado
Obispo de Barbastro (1952-1953), obispo de Huelva (1953-1964) y arzobispo de Zaragoza (1964-1977). Acusado de encubrir a P. R. G., sacerdote en Alosno (Huelva), después de que una víctima le escribiera varias cartas relatándole cómo este sacerdote la adoptó y la violó repetidamente durante los años cuarenta.
Ricard Maria Carles i Gordó
Cardenal emérito de Barcelona, arzobispo de Barcelona (1990-2004), obispo de Tortosa (1969-1990) y ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió el caso del sacerdote Jordi Senabre, imputado por abusar de un niño de 12 años en 1988 en Polinyà (Barcelona). Antes de que se celebrase el juicio, Carles firmó en 1990 el traslado a Ecuador de Senabre como misionero, según descubrió EL PAÍS en 2018, y así pudo huir al extranjero. Allí se ha ocultado hasta la actualidad. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, también participó en los noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales.
Josep Maria Cases Deordal
Obispo de Segorbe-Castellón (1971-1996). Está en proceso para ser beatificado por la Iglesia. Encubrió y trasladó en 1984 a un cura que abusó de un menor en Artana (Castellón).
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca (1973-1996) y exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española (1966-1972). Encubrió y trasladó al párroco de Mota del Cuervo (Cuenca) tras un caso de abusos.
Manuel Fernández-Conde García de Rebollar
Obispo de Córdoba (1959-1970). Acusado de encubrir al religioso J. L., de la orden de los hermanos de La Salle, por abusar de un menor en el colegio de dicha congregación en Córdoba entre 1965 y 1966.
Vicente Enrique y Tarancón
Obispo de Solsona (1945–1964), arzobispo de Oviedo (1964-1969), arzobispo de Toledo (1969-1971), arzobispo de Madrid desde 1971 a 1983, cardenal desde 1969 y presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1971 a 1981. Está bajo sospecha su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, un sacerdote compositor de célebre música litúrgica, como 'Pescador de hombres' y 'Juntos como hermanos'. Gabaraín fue acusado de abusos por alumnos del colegio marista de Chamberí, en Madrid, donde ejercía de capellán, y expulsado del centro a finales de 1978. Sin embargo, a los dos meses fue nombrado prelado de Su Santidad por Juan Pablo II, trasladado a otro colegio de Madrid, el de San Fernando, y destinado a una parroquia de la ciudad, en el barrio de Mirasierra, donde fue vicario hasta su fallecimiento en 1991.
Felipe Fernández García
Obispo de Ávila (1976-1991) y obispo de Tenerife (1991-2005). Acusado de encubrir al sacerdote C. H., párroco de Teijna, después de que una persona denunciase en 2004 que abusó de ella en los años noventa.
Segundo García de Sierra
Obispo de Barbastro (1954-1959), arzobispo coadjutor de Oviedo (1960-1964) y arzobispo de Burgos (1964-1983). Acusado de hacer caso omiso a varias denuncias de dos sacerdotes contra F. B. por haber cometido abusos sexuales contra menores en el Seminario de San José de Burgos y en las Escuelas del Padre Manjón. Los supuestos abusos tuvieron lugar entre 1962 y 1965, con menores entre siete y 12 años.
Xosé Gómez
Obispo de Lugo (1980-2007). Acusado de encubrir y no investigar una denuncia de abusos contra varios sacerdotes y profesores en el seminario de Lugo que tuvieron lugar entre 1966-1968.
Rafael González Moralejo
Obispo auxiliar de Valencia (1958-1969) y obispo de Huelva (1969-1993). Está acusado de encubrir un caso de abusos cometido por un sacerdote y profesor del Seminario de Huelva en los años setenta. El supuesto pederasta, de nombre J., abusó de dos menores seminaristas.
Fidel Herráez
Obispo auxiliar de Madrid (1996-2015) y arzobispo de Burgos (2015-2020). Acusado de encubrir y trasladar cuando era obispo auxiliar de Madrid al sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado ante el obispado por la víctima en 2006.
Narcís Jubany Arnau
Obispo auxiliar de Barcelona (1955-1964), obispo de Girona (1964-1971), cardenal de Barcelona (1971-1990) y antiguo miembro del consejo de cardenales de Juan Pablo II. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales.
Carlos López
Obispo de Plasencia (1994-2003) y obispo de Salamanca (2003-2021). Ha encubierto al sacerdote Isidro López, condenado en 2014 por tres casos de abusos. Como sus predecesores, ignoró las denuncias contra él, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS, y, tras la denuncia de una víctima en 2011, no apartó al abusador, pese a que había confesado, y siguió oficiando en una parroquia y en contacto con menores. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos. Llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Julián López
Obispo de Ciudad Rodrigo (1994-2002) y de León (2002-2020). En 1998 no impuso una pena canónica a un sacerdote condenado a un año de prisión por abusos y ocultó a los fieles que había sido condenado. Según el relato de la familia de una segunda víctima, pactó con ellos que no denunciasen a cambio de trasladarlo a otro pueblo, aunque López lo niega.
Camilo Lorenzo
Obispo de Astorga (1995-2015). Encubrió al pederasta José Manuel Ramos Gordón, sacerdote y profesor en el Seminario Menor de La Bañeza (León) y en el colegio zamorano de Juan XXIII, centros donde abusó de varios menores a lo largo de los años ochenta.
Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada, obispo de Córdoba (1996-2003), obispo auxiliar de Madrid (1985-1996) y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de España. Encubrió a un sacerdote acusado de abusos en la diócesis de Córdoba y lo mantuvo en el cargo a pesar de las denuncias en los tribunales a comienzos de los años 2000.
Lluís Martínez i Sistach
Obispo auxiliar de Barcelona (1987-1991), obispo de Tortosa (1991-1997), obispo de Tarragona (1997-2004), cardenal de Barcelona (2004-2015) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Encubrió el caso del sacerdote Jordi Senabre, imputado por abusar de un niño de 12 años en 1988 en Polinyà (Barcelona) y que huyó del país con la ayuda del arzobispado de Barcelona. Antes de que se celebrase el juicio, el arzobispo Ricard Maria Carles firmó en 1990 el traslado a Ecuador de Senabre como misionero, según descubrió EL PAÍS en 2018. En el momento de la huida Martínez i Sistach era obispo auxiliar y cuando Carles dejó el cargo le sustituyó como prelado de la ciudad condal en 2004. En su cargo, continuó encubriendo la fuga del acusado.
Antonio Montero
Obispo auxiliar de Sevilla (1969-1994), obispo de Badajoz (1980-1994) y arzobispo de Mérida-Badajoz (1994-2004). Esta acusado de encubrir en 1989 al sacerdote J. R. S. después de que un niño le contase en privado que había abusado de él en una parroquia de Zafra (Cáceres). Montero lo trasladó a Sevilla (diócesis donde había sido obispo auxiliar y que en esos años regía el obispo Carlos Amigo). Allí siguió oficiando misas en varias parroquias.
Carlos Osoro
Obispo de Ourense (1997-2002), arzobispo de Valencia (2009-2014), arzobispo de Oviedo (2002-2009), actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió un caso en la archidiócesis de Oviedo en 2002, cuando la madre de una víctima le comunicó que un sacerdote de su diócesis había abusado de sus hijas pequeñas. Osoro admitió en una entrevista a EL PAÍS que no atendió bien a la madre, que llevaba poco tiempo en el cargo y que el por enconces vicario general, Juan Antonio Menéndez (futuro obispo de Astorga), le aseguró la esa denuncia ya había sido resuelta.
Jaume Pujol Balcells
Arzobispo de Tarragona (2004-2019) y miembro del Opus Dei. Encubrió a un cura en 2011 que abusó de tres niñas en un colegio de Cabra de Camp. El sacerdote fue apartado dos años en el Monasterio de Poblet, pero luego volvió a ser cura en Arbeca y otros municipios de Urgell, donde también daba catequesis. La Generalitat de Catalunya tampocó llevó el caso a las autoridades a pesar de haber recibido varias quejas. En 2019, la diócesis, tras una investigación, aseguró que no había pruebas de delito. En la justicia civil continúa abierto el caso.
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela y obispo titular de Fuerteventura (1999-2002), obispo de Ourense (2002-2010) y actualmente obispo de Tuy-Vigo desde 2010. Acusado de encubrir al cura pederasta F. M. M. L. La familia de la víctima asegura haber acudido al obispado de Ourense en 2009 para pedir que Quinteiro Fiuza apartara a F. M. M. L. de la actividad sacerdotal, pero insisten en que desde el obispado les dijeron que la víctima tendría que presentar una denuncia para que se tomaran medidas contra el acusado. Cuando la víctima lo denunció en los tribunales civiles en 2019, la Iglesia abrió un proceso canónico contra F. M. M. L. y lo cerró sin consultar a la víctima ni tomar su testimonio. Como obispo de Tuy-Vigo, Quinteiro Fiuza silenció y encubrió el caso de abusos de los Miguelianos cuando una madre denunció el caso en 2012.
Miguel Roca Cabanellas
Obispo de Cartagena (1966-1978) y arzobispo de Valencia (1978-1992). Acusado de encubrir al sacerdote A. Y. T. en los años sesenta, mientras dirigía la diócesis de Cartagena, después de que una víctima acudiese a la oficina del obispo para denunciar al abusador: “Nos trataron de mentirosos”.
Braulio Rodríguez
Obispo de Osma y Soria (1987-1995), obispo de Salamanca (1995 a 2002), arzobispo de Valladolid (2002-2009), arzobispo de Toledo (2009-2019) y exmiembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Siendo obispo de Salamanca, ignoró las denuncias contra el cura Isidro López, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS. Como obispo de Toledo, ha ignorado las denuncias contra un sacerdote procesado en Talavera, pues solo después de que la víctima escribiera al Vaticano abrió un proceso canónico y desoyó durante años las acusaciones contra otro cura del seminario menor Santo Tomás de Villanueva. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de EE UU. Llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid (1997-2007). Un grupo de catequista le acusa de encubrir a un sacerdote de una parroquia de Aluche que abusó de un niño de 12 años entre 1998 y 2001. Los catequistas acudieron a su despacho e intentó frenar que fueran a las autoridades. Finalmente denunciaron a la Fiscalía de Menores y el sacerdote fue condenado a dos años de cárcel en 2006 y la archidiócesis a pagar 30.000 euros de indemnización como responsable civil subsidiaria.
Antonio María Rouco Varela
Arzobispo de Santiago de Compostela (1984-1994), arzobispo de Madrid (1994-2014) y expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Encubrió un caso en Madrid cuando unos catequistas le comunicaron los abusos de un sacerdote en los años 2000. Los denunciantes, que luego acudieron a la justicia civil, aseguran que Rouco Varela ejerció presión para que el caso no saliera a la luz. En otro caso en Alcalá de Henares, donde un cura fue condenado a 10 años de cárcel en 2003, la familia y la acusación particular le acusaron de haber ignorado las denuncias de la madre. Acusado también de encubrir y trasladar al sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado ante el obispado por la víctima en 2006. Y acusado de esconder en los años 2000 en el seminario Redemptoris Mater de Madrid durante algunos meses a un sacerdote denunciado por abusos a menores y trasladarlo a Perú.
Mauro Rubio
Obispo de Salamanca (1964-1995). Encubrió al sacerdote Isidro López, condenado por tres casos de abusos en 2014. Ignoró las denuncias que llegaron contra el cura, según consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso EL PAÍS, mediante una grabación de su lectura a las víctimas, pues no se les dio copia. Además, encubrió al cura Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia y que recaló en Salamanca, pese a las advertencias de las autoridades eclesiásticas de EE UU. Rubio lo acogió y el cura llegó a oficiar como párroco en 12 localidades hasta 2004, donde cometió numerosos abusos.
Jesús Sanz
Obispo de Jaca y de Huesca (2003-2009), arzobispo de Oviedo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y comisario pontificio de Lumen Dei. Está acusado de encubrir un caso después de que una víctima le entregase una carta contando los abusos que un sacerdote ejerció sobre ella cuando era menor. También le visitó personalmente y no hizo nada. También está señalado de encubrir un caso de abusos en 2012, cuando la víctima (que fue agredida en los años 70) le escribió una carta contando lo sucedido y el obispo no le recibió. Tampoco apartó ni abrió un proceso contra el acusado.
Carles Soler Perdigó
Obispo auxiliar de Barcelona (1991-2001) y obispo de Gerona (2001-2008). Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. En aquel momento era también Vice-Provisor y Juez Pro-Sinodal de la Curia de Justicia del arzobispado de Barcelona.
Jaume Traserra Cunillera
Obispo auxiliar de Barcelona (1993-2001) y obispo de Solsona (2001-2010). Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. Entonces era vicario general de la archidiócesis.
Teodoro Úbeda
Obispo de Mallorca (1973-2003). Encubrió un caso de abusos cometido por el sacerdote Pere Barceló en Can Picafort, según aparece en la sentencia canónica de la propia diócesis en 2011.
José Vilaplana
Obispo auxiliar de Valencia (1984-1991), obispo de Santander (1991-2006) y obispo de Huelva (2006-2020). Acusado de encubrir al salesiano T. R. en la década de los noventa, mientras era obispo de Huelva, cuando una víctima de abusos de este sacerdote, ya mayor de edad, llamó al obispado para denunciar su caso. La víctima relata que en la diócesis “no le hicieron caso”.
Joan-Enric Vives Sicilia
Obispo auxiliar de Barcelona (1993-2001) y actual arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra desde 2001. Según denunció en un libro el escritor Pepe Rodríguez, participó en los años ochenta y noventa en el encubrimiento del escándalo de la Casa de Santiago y Nous Camins en Barcelona, una organización convertida en secta donde se denunciaron abusos sexuales. Entonces era obispo auxiliar de la ciudad.
Juan Pedro Zarranz y Pueyo
Obispo de Plasencia (1946-1973). Acusado de encubrir al sacerdote F. T. T. después de que varios hermanos maristas le comunicasen que abusaba de varios menores durante los años sesenta en la parroquia de Jarandilla de la Vera (Cáceres). La víctima cuenta que hace unos años un sacerdote conocido le afirmó que la Conferencia Episcopal Española estaba al tanto de lo que hizo su agresor, pero que no hizo nada.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es.
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“Hijo, los trapos sucios se la lavan en casa”. Cómo los obispos han tapado los casos de pederastia en las últimas décadas
(Julio Núñez, Íñigo Domínguez)
F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Oviedo para tratar el tema”, relata. F. J. O. afirma que nunca consiguió reunirse con Sanz. Una vez en...
Oviedo, después de haber acordado en una segunda misiva que se reunirían durante las Navidades de aquel 2012, se quedó plantado en las puertas del obispado. “Otra vez será”, escribió el obispo en una carta de disculpa que le hizo llegar días más tarde a la víctima. “Me ignoró completamente y no me recibió”, dice el afectado. Sanz no volvió a escribir a F. J. O., no apartó a Fernández de su puesto ni tampoco abrió una investigación canónica. Fernández, al que se le conocía en el seminario con el mote de Jomezana, murió dos años después.
No es la única acusación de encubrimiento que tiene el arzobispo ovetense. V. C. también escribió a Sanz en 2015 para comunicarle que el sacerdote en activo Eustasio Sánchez Fonseca, alias Tito, había abusado de ella a mediados de los ochenta. En el año 2002 su madre llamó para denunciarlo por teléfono al obispado, por entonces dirigido por el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, pero no la atendieron. La víctima consiguió reunirse con Sanz y cuenta que, ante su relato, Sanz le dijo que era su palabra contra la del acusado. Sanz tampoco abrió entonces un proceso canónico contra Sánchez.
Las acusaciones de estas dos víctimas no son aisladas. El ocultamiento, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica. También en España, donde al menos 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente.
La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y en otros medios de comunicación. Otros, como el caso del F. J. O. es inédito y forma parte de los 451 que este diario ha entregado al Vaticano y a Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes en 2021 y 2022 para que los investigase. A través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas, este periódico ha corroborado cómo muchos prelados siguieron diversas maniobras para tapar el asunto: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país y hacer caso omiso a las peticiones de ayuda de los afectados. En algunos casos las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.
El caso más reciente es el de V. C. y el más antiguo data de 1952, donde un exreligioso señala al por entonces obispo de Guadix Rafael Álvarez Lara de encubrir al rector del seminario y canónico de la catedral, M. B. M., por abusar de varios niños seminaristas. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon grandes puestos en la CEE, como los expresidentes Vicente Enrique y Tarancón —bajo sospecha por su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, el sacerdote compositor de célebre música litúrgica, que abusó de al menos a 17 niños— y Antonio María Rouco, señalado por tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000. De todos los acusados, solo 14 siguen vivos.
Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades. La Conferencia Episcopal afirmó el pasado junio que remitió estos casos a las diócesis correspondientes para que hiciesen las “investigaciones oportunas”. Además, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE ha encargado una auditoria sobre la pederastia, también ha recibido dicha información para que sean “valorada y contrastada”. El bufete ha subrayado en varias ocasiones que investigar el encubrimiento será uno de los objetivos de sus pesquisas. No obstante, se desconoce si se han abierto procesos canónicos contra los obispos que aún viven.
“El encubrimiento es algo a lo que los obispos tienen un miedo terrible porque ha sido el leitmotiv de toda la Iglesia española. ¿Cuál es el problema? En España todos los obispos saben quién ha encubierto y no hacen nada. Es la caja de pandora y no quieren entrar en ese tema”, cuenta un juez eclesiástico. Este especialista explica que el encubrimiento no aparece recogido como delito en el código canónico hasta 2019 con el motu proprio (norma papal) Vox Estis Lux Mundi, por lo que eclesiásticamente no se puede juzgar a los prelados que cometiesen esta falta antes de esa fecha. Pese a ello, a partir de 2001 los purpurados debían comunicar todos los casos al Vaticano de los que tuviesen constancia y los responsables que están acusados no lo hicieron.
Por otro lado, añade el juez, el concepto de “encubrir” tiene sus matices. “El encubrimiento es llevar a cabo conductas dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas contra un clérigo que, en este caso, ha cometido abusos: comprar a un juez, sobornar a la víctima, trasladar al agresor de destino o presionar a la víctima para que no lo cuente. Muchos han actuado así, pero otros simplemente ocultaron y no investigaron casos que ante la justicia civil estaban prescritos. No encubrieron como tal, pero fueron negligentes”, explica el canonista. Pero el juez, tajante, recuerda: “Aunque estén prescritos, estos sucesores de los apóstoles que llevan báculo [símbolo de que son pastores de todos sus feligreses] han incurrido en una conducta inmoral”.
Cuando F. J. O. entendió que el obispo no le recibiría, montó en su coche y se dirigió a la parroquia de Hevia para buscar a su agresor. Relata que lo encontró en la sacristía, preparando la celebración de Navidad. Allí le contó que era un antiguo seminarista al que agredió sexualmente. “Lo único que dijo fue: ‘Bueno, eso no es así’. Se estaba vistiendo para dar la misa y le dije: “¿Con esas manos con las que me tocó los testículos va a dar la comunión?”. Y me fui”, describe F. J. O.
Al salir, se subió al altar en el momento en el que su agresor salía para celebrar la eucaristía, y se dirigió a los feligreses: “Este señor que les va a dar la misa ahora, Don Jesús, abusó de mí en el seminario. Esto a mí me causó gravísimos problemas personales, psíquicos y sexuales, por lo que tuve que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico durante muchos años”.
El arzobispado de Oviedo informó en un comunicado el pasado junio, tras recibir las preguntas de este diario sobre su versión, que Sanz “no ha encubierto ningún caso de abusos contra menores, ha tomado todas las medidas necesarias para que, si hubiera una víctima de abusos, sea escuchada y atendida” en su tribunal eclesiástico y ante la Fiscalía.
F. J. O asegura que volvió a su casa, intentó una vez más alertar al obispado de su caso y escribió a un antiguo compañero de clase que por entonces era vicario general de la diócesis, Juan Antonio Menéndez, para preguntarle si él sabía dónde estaba destinado Fernández. Pero tampoco recibió respuesta. Un año después, Menéndez fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y en 2015 de Astorga. Allí, como prelado rebajó en 2017 la pena canónica al cura pederasta José Manuel Ramos Gordón —cura al que también habían encubierto los dos obispos anteriores— de la expulsión del sacerdocio a un año de apartamiento por haber abusado en los años ochenta de al menos tres menores. Pero el acusado nunca la cumplió íntegramente. Menéndez negó una indemnización al denunciante y silenció a la opinión pública lo sucedido.
Pese a esta mala praxis, en octubre de 2018 la CEE nombró a Menéndez presidente de la comisión antipederastia. El hecho de que prelados acusados de encubrir o de tapar estos delitos hayan ocupado cargos de toma de decisiones dentro de la CEE —entre ellos también se encuentran dos exsecretarios generales y varios miembros de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente— guarda relación con la lenta reacción de la jerarquía española. “Que aquellos mismos que no quisieron hacer nada sean ahora los que van tomando decisiones [sobre cómo actuar] ha generado una respuesta negacionista del problema”, dice el mismo canonista.
De todos los acusados solo el cardenal Osoro ha admitido que obró mal cuando era arzobispo de Oviedo. En una entrevista con EL PAÍS el pasado marzo, el actual arzobispo de Madrid explicó que llevaba pocos meses en el puesto cuando recibió la llamada telefónica de la madre de la víctima y que el vicario general, Menéndez, le aseguró que esa denuncia ya había sido resuelta. “¿Eso justifica lo que hice? No. Hoy no hubiese actuado así”, contestó Osoro a este diario.
A esto se le suma la posición de poder que aún tiene la jerarquía eclesiástica española fuera de los muros de las iglesias. Hasta la fecha, ningún obispo se ha sentado en un banquillo para declarar sobre los casos de abusos que pudo conocer, a pesar de que algunos de ellos figuran en las denuncias y sentencias como conocedores del delito.
Un ejemplo fue el caso del sacerdote Rafael Sanz Nieto, condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años entre 1998 y 2001 en una parroquia de Aluche (Madrid). La denuncia la interpuso un grupo de catequistas de la parroquia, después de acudir en varias ocasiones al arzobispado de Madrid, dirigido por entonces por el cardenal Rouco Varela. “Fuimos a alertar de lo que estaba pasando. El obispo auxiliar Eugenio Romero Pose quiso frenarnos para que no fuéramos a las autoridades. Me dijo una frase que nunca olvidaré: “Hijo, los trapos sucios se la lavan en casa”, explica Carlos Sánchez Mato, uno de los catequistas que años después sería concejal del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida.
Ante la pasividad, los denunciantes dicen que insistieron a Rouco para que hiciera algo, pero no ocurrió nada. “El vicario Julio Lozano me amenazó con que me iban quitar mi casa si íbamos a juicio”, cuenta Sánchez Mato. El catequista menciona que escribió a casi todos los obispos españoles pidiendo ayuda. Solo respondieron dos, entre ellos el de Segovia, Luis Gutiérrez Martín: “No hizo nada, pero fue el único que no nos condenó”. Los catequistas llevaron el caso ante la Fiscalía de Menores donde relataron todo que habían vivido. Ningún juez que llevó el caso llamó a declarar a Romero Pose ni a Rouco. No obstante, en la sentencia la Audiencia Provincial de Madrid condenó al arzobispado de Madrid a pagar una indemnización de 30.000 euros como responsable civil subsidiario.
En algunas diócesis las denuncias contra un mismo sacerdote se han tapado sistemáticamente por varios obispos. En Tenerife, por ejemplo, C.M.L., que acusa a los dos últimos prelados, Felipe Fernández y a su sucesor en 2005, Bernardo Álvarez, actualmente en el cargo, de haber encubierto al cura al que él denunció por abusos ante la diócesis en 2004.
Este sacerdote era C. H.G., entonces párroco de Tejina. “Los abusos comenzaron en 1997 cuando yo tenía entre nueve y 10 años. Duraron hasta 2003. Cuando nos confesaba se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos, te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con cinco amigos se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”.
En aquel momento la víctima tenía 16 años y su madre lo denunció a Fernández, que se limitó a sacarlo de su parroquia en marzo de 2004. El vicario general entonces era Bernardo Álvarez, que le sucedió un año después en el cargo y tampoco tomó medidas contra el sacerdote acusado.
El cura siguió ejerciendo de capellán durante varios años más en un centro de ancianos de la isla. En el Vaticano no consta que la diócesis informara a la Santa Sede, como obligaban las normas internas desde 2001, ni que se le abriera un proceso canónico. El obispado de Tenerife no ha querido responder a ninguna pregunta sobre este caso ni aclarar su actuación. Tan solo ha replicado con una frase: “La diócesis cumple con la legislación canónica y civil”.
Para el juez eclesiástico este tipo de respuestas refleja la mentalidad de superioridad que aún tiene una parte de la jerarquía eclesial. “Un buen número de obispos españoles parece que viven en otro mundo, en el que tienen que arreglar estas cosas entre ellos y no tienen por qué rendir cuentas ante las autoridades. Creen que están en 1976, cuando a los curas no se les podía juzgar en los tribunales civiles”, dice.
En 2014, siendo ya mayor de edad, C.M.L., decidió volver a denunciar su caso en el obispado. Entonces Bernardo Álvarez ya abrió un proceso canónico e informó a la Congregación de Doctrina de la Fe, en Roma. El obispo también suspendió cautelarmente al sacerdote. Todo ello figura en la carta que le remitió a la víctima, a la que ha tenido acceso este periódico. El proceso comenzó en febrero, pero a finales del aquel año se interrumpió, porque el acusado pidió la dispensa para dejar de ser cura. Dejó los hábitos y cambió de vida. “Entonces pararon todo y ya no hicieron nada”, concluye.
Hasta que fue apartado por el obispado, C. H.G., que ahora tiene 74 años, fue párroco en la isla de La Palma de Todoque, La Laguna de Tajuya, Garafía y en Tenerife en las localidades de Valle de San Lorenzo, Tacoronte, Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina, y también vicearcipreste de Tegueste. Bernardo Álvarez fue un obispo que en 2007 recibió fuertes críticas por unas polémicas declaraciones sobre la pederastia en una entrevista a un diario local: “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece”.
(Julio Núñez, Íñigo Domínguez)
F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Oviedo para tratar el tema”, relata. F. J. O. afirma que nunca consiguió reunirse con Sanz. Una vez en...
Oviedo, después de haber acordado en una segunda misiva que se reunirían durante las Navidades de aquel 2012, se quedó plantado en las puertas del obispado. “Otra vez será”, escribió el obispo en una carta de disculpa que le hizo llegar días más tarde a la víctima. “Me ignoró completamente y no me recibió”, dice el afectado. Sanz no volvió a escribir a F. J. O., no apartó a Fernández de su puesto ni tampoco abrió una investigación canónica. Fernández, al que se le conocía en el seminario con el mote de Jomezana, murió dos años después.
No es la única acusación de encubrimiento que tiene el arzobispo ovetense. V. C. también escribió a Sanz en 2015 para comunicarle que el sacerdote en activo Eustasio Sánchez Fonseca, alias Tito, había abusado de ella a mediados de los ochenta. En el año 2002 su madre llamó para denunciarlo por teléfono al obispado, por entonces dirigido por el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, pero no la atendieron. La víctima consiguió reunirse con Sanz y cuenta que, ante su relato, Sanz le dijo que era su palabra contra la del acusado. Sanz tampoco abrió entonces un proceso canónico contra Sánchez.
Las acusaciones de estas dos víctimas no son aisladas. El ocultamiento, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica. También en España, donde al menos 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente.
La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y en otros medios de comunicación. Otros, como el caso del F. J. O. es inédito y forma parte de los 451 que este diario ha entregado al Vaticano y a Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes en 2021 y 2022 para que los investigase. A través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas, este periódico ha corroborado cómo muchos prelados siguieron diversas maniobras para tapar el asunto: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país y hacer caso omiso a las peticiones de ayuda de los afectados. En algunos casos las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.
El caso más reciente es el de V. C. y el más antiguo data de 1952, donde un exreligioso señala al por entonces obispo de Guadix Rafael Álvarez Lara de encubrir al rector del seminario y canónico de la catedral, M. B. M., por abusar de varios niños seminaristas. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon grandes puestos en la CEE, como los expresidentes Vicente Enrique y Tarancón —bajo sospecha por su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, el sacerdote compositor de célebre música litúrgica, que abusó de al menos a 17 niños— y Antonio María Rouco, señalado por tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000. De todos los acusados, solo 14 siguen vivos.
Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, ya que están recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades. La Conferencia Episcopal afirmó el pasado junio que remitió estos casos a las diócesis correspondientes para que hiciesen las “investigaciones oportunas”. Además, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE ha encargado una auditoria sobre la pederastia, también ha recibido dicha información para que sean “valorada y contrastada”. El bufete ha subrayado en varias ocasiones que investigar el encubrimiento será uno de los objetivos de sus pesquisas. No obstante, se desconoce si se han abierto procesos canónicos contra los obispos que aún viven.
“El encubrimiento es algo a lo que los obispos tienen un miedo terrible porque ha sido el leitmotiv de toda la Iglesia española. ¿Cuál es el problema? En España todos los obispos saben quién ha encubierto y no hacen nada. Es la caja de pandora y no quieren entrar en ese tema”, cuenta un juez eclesiástico. Este especialista explica que el encubrimiento no aparece recogido como delito en el código canónico hasta 2019 con el motu proprio (norma papal) Vox Estis Lux Mundi, por lo que eclesiásticamente no se puede juzgar a los prelados que cometiesen esta falta antes de esa fecha. Pese a ello, a partir de 2001 los purpurados debían comunicar todos los casos al Vaticano de los que tuviesen constancia y los responsables que están acusados no lo hicieron.
Por otro lado, añade el juez, el concepto de “encubrir” tiene sus matices. “El encubrimiento es llevar a cabo conductas dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas contra un clérigo que, en este caso, ha cometido abusos: comprar a un juez, sobornar a la víctima, trasladar al agresor de destino o presionar a la víctima para que no lo cuente. Muchos han actuado así, pero otros simplemente ocultaron y no investigaron casos que ante la justicia civil estaban prescritos. No encubrieron como tal, pero fueron negligentes”, explica el canonista. Pero el juez, tajante, recuerda: “Aunque estén prescritos, estos sucesores de los apóstoles que llevan báculo [símbolo de que son pastores de todos sus feligreses] han incurrido en una conducta inmoral”.
Cuando F. J. O. entendió que el obispo no le recibiría, montó en su coche y se dirigió a la parroquia de Hevia para buscar a su agresor. Relata que lo encontró en la sacristía, preparando la celebración de Navidad. Allí le contó que era un antiguo seminarista al que agredió sexualmente. “Lo único que dijo fue: ‘Bueno, eso no es así’. Se estaba vistiendo para dar la misa y le dije: “¿Con esas manos con las que me tocó los testículos va a dar la comunión?”. Y me fui”, describe F. J. O.
Al salir, se subió al altar en el momento en el que su agresor salía para celebrar la eucaristía, y se dirigió a los feligreses: “Este señor que les va a dar la misa ahora, Don Jesús, abusó de mí en el seminario. Esto a mí me causó gravísimos problemas personales, psíquicos y sexuales, por lo que tuve que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico durante muchos años”.
El arzobispado de Oviedo informó en un comunicado el pasado junio, tras recibir las preguntas de este diario sobre su versión, que Sanz “no ha encubierto ningún caso de abusos contra menores, ha tomado todas las medidas necesarias para que, si hubiera una víctima de abusos, sea escuchada y atendida” en su tribunal eclesiástico y ante la Fiscalía.
F. J. O asegura que volvió a su casa, intentó una vez más alertar al obispado de su caso y escribió a un antiguo compañero de clase que por entonces era vicario general de la diócesis, Juan Antonio Menéndez, para preguntarle si él sabía dónde estaba destinado Fernández. Pero tampoco recibió respuesta. Un año después, Menéndez fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y en 2015 de Astorga. Allí, como prelado rebajó en 2017 la pena canónica al cura pederasta José Manuel Ramos Gordón —cura al que también habían encubierto los dos obispos anteriores— de la expulsión del sacerdocio a un año de apartamiento por haber abusado en los años ochenta de al menos tres menores. Pero el acusado nunca la cumplió íntegramente. Menéndez negó una indemnización al denunciante y silenció a la opinión pública lo sucedido.
Pese a esta mala praxis, en octubre de 2018 la CEE nombró a Menéndez presidente de la comisión antipederastia. El hecho de que prelados acusados de encubrir o de tapar estos delitos hayan ocupado cargos de toma de decisiones dentro de la CEE —entre ellos también se encuentran dos exsecretarios generales y varios miembros de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente— guarda relación con la lenta reacción de la jerarquía española. “Que aquellos mismos que no quisieron hacer nada sean ahora los que van tomando decisiones [sobre cómo actuar] ha generado una respuesta negacionista del problema”, dice el mismo canonista.
De todos los acusados solo el cardenal Osoro ha admitido que obró mal cuando era arzobispo de Oviedo. En una entrevista con EL PAÍS el pasado marzo, el actual arzobispo de Madrid explicó que llevaba pocos meses en el puesto cuando recibió la llamada telefónica de la madre de la víctima y que el vicario general, Menéndez, le aseguró que esa denuncia ya había sido resuelta. “¿Eso justifica lo que hice? No. Hoy no hubiese actuado así”, contestó Osoro a este diario.
A esto se le suma la posición de poder que aún tiene la jerarquía eclesiástica española fuera de los muros de las iglesias. Hasta la fecha, ningún obispo se ha sentado en un banquillo para declarar sobre los casos de abusos que pudo conocer, a pesar de que algunos de ellos figuran en las denuncias y sentencias como conocedores del delito.
Un ejemplo fue el caso del sacerdote Rafael Sanz Nieto, condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años entre 1998 y 2001 en una parroquia de Aluche (Madrid). La denuncia la interpuso un grupo de catequistas de la parroquia, después de acudir en varias ocasiones al arzobispado de Madrid, dirigido por entonces por el cardenal Rouco Varela. “Fuimos a alertar de lo que estaba pasando. El obispo auxiliar Eugenio Romero Pose quiso frenarnos para que no fuéramos a las autoridades. Me dijo una frase que nunca olvidaré: “Hijo, los trapos sucios se la lavan en casa”, explica Carlos Sánchez Mato, uno de los catequistas que años después sería concejal del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida.
Ante la pasividad, los denunciantes dicen que insistieron a Rouco para que hiciera algo, pero no ocurrió nada. “El vicario Julio Lozano me amenazó con que me iban quitar mi casa si íbamos a juicio”, cuenta Sánchez Mato. El catequista menciona que escribió a casi todos los obispos españoles pidiendo ayuda. Solo respondieron dos, entre ellos el de Segovia, Luis Gutiérrez Martín: “No hizo nada, pero fue el único que no nos condenó”. Los catequistas llevaron el caso ante la Fiscalía de Menores donde relataron todo que habían vivido. Ningún juez que llevó el caso llamó a declarar a Romero Pose ni a Rouco. No obstante, en la sentencia la Audiencia Provincial de Madrid condenó al arzobispado de Madrid a pagar una indemnización de 30.000 euros como responsable civil subsidiario.
En algunas diócesis las denuncias contra un mismo sacerdote se han tapado sistemáticamente por varios obispos. En Tenerife, por ejemplo, C.M.L., que acusa a los dos últimos prelados, Felipe Fernández y a su sucesor en 2005, Bernardo Álvarez, actualmente en el cargo, de haber encubierto al cura al que él denunció por abusos ante la diócesis en 2004.
Este sacerdote era C. H.G., entonces párroco de Tejina. “Los abusos comenzaron en 1997 cuando yo tenía entre nueve y 10 años. Duraron hasta 2003. Cuando nos confesaba se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos, te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con cinco amigos se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”.
En aquel momento la víctima tenía 16 años y su madre lo denunció a Fernández, que se limitó a sacarlo de su parroquia en marzo de 2004. El vicario general entonces era Bernardo Álvarez, que le sucedió un año después en el cargo y tampoco tomó medidas contra el sacerdote acusado.
El cura siguió ejerciendo de capellán durante varios años más en un centro de ancianos de la isla. En el Vaticano no consta que la diócesis informara a la Santa Sede, como obligaban las normas internas desde 2001, ni que se le abriera un proceso canónico. El obispado de Tenerife no ha querido responder a ninguna pregunta sobre este caso ni aclarar su actuación. Tan solo ha replicado con una frase: “La diócesis cumple con la legislación canónica y civil”.
Para el juez eclesiástico este tipo de respuestas refleja la mentalidad de superioridad que aún tiene una parte de la jerarquía eclesial. “Un buen número de obispos españoles parece que viven en otro mundo, en el que tienen que arreglar estas cosas entre ellos y no tienen por qué rendir cuentas ante las autoridades. Creen que están en 1976, cuando a los curas no se les podía juzgar en los tribunales civiles”, dice.
En 2014, siendo ya mayor de edad, C.M.L., decidió volver a denunciar su caso en el obispado. Entonces Bernardo Álvarez ya abrió un proceso canónico e informó a la Congregación de Doctrina de la Fe, en Roma. El obispo también suspendió cautelarmente al sacerdote. Todo ello figura en la carta que le remitió a la víctima, a la que ha tenido acceso este periódico. El proceso comenzó en febrero, pero a finales del aquel año se interrumpió, porque el acusado pidió la dispensa para dejar de ser cura. Dejó los hábitos y cambió de vida. “Entonces pararon todo y ya no hicieron nada”, concluye.
Hasta que fue apartado por el obispado, C. H.G., que ahora tiene 74 años, fue párroco en la isla de La Palma de Todoque, La Laguna de Tajuya, Garafía y en Tenerife en las localidades de Valle de San Lorenzo, Tacoronte, Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina, y también vicearcipreste de Tegueste. Bernardo Álvarez fue un obispo que en 2007 recibió fuertes críticas por unas polémicas declaraciones sobre la pederastia en una entrevista a un diario local: “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece”.
