giovedì 23 giugno 2022

Spagna
La Iglesia insiste en que no abrirá sus archivos al Defensor, aunque cederá datos de casos concretos que le solicite

(Julio Núñez - elpais.com)
La Conferencia Episcopal asegura que las diócesis y las congregaciones religiosas han entregado a las autoridades civiles todas las denuncias “relevantes” de abusos que han recibido sin especificar el número.
La Iglesia española insiste en que no abrirá sus archivos de forma generalizada para que el Defensor del Pueblo investigue los abusos de pederastia cometidos por clérigos en las últimas décadas, aunque ha manifestado su intención de ceder datos sobre los casos concretos que le solicite el organismo dirigido por Ángel Gabilondo. “Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque [eso] no lo haría ninguna institución. Pero si ante una noticia referida sobre una persona en concreto donde aparecen acusaciones [de abusos] es necesario conocer su historial eclesial, eso se pondrá a su disposición”, ha afirmado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de los obispos. Argüello ha opinado que se ha generado una expectativa mediática sobre lo que hay en el interior de los episcopados españoles y las congregaciones sobre el tema de los abusos a menores. “Si de verdad hubiera encubrimiento, ¿se dejaría por escrito? Hay una expectativa sobre los archivos francamente desorbitada. Me da la impresión de que pareciera esto una especie de relato de película medieval, de pensar que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar allí algo del Nombre de la Rosa: un libro oculto, secreto. Las cosas son mucho más sencillas”, ha explicado el secretario.
Pese a la disposición de colaborar, los obispos advierten que están a la espera de los pasos que dé la comisión asesora de Gabilondo, que empezará sus trabajos a comienzos de julio. “Tenemos nuestros propios datos, el conocimiento de personas y situaciones. Desde ahí colaboraremos en aquello que se nos pida y que corresponda a las reglas del juego establecidas, tanto en el ámbito civil como en el ámbito canónico”, ha añadido Argüello. No ha especificado cuáles son esas “reglas del juego”. Los obispos siguen molestos por la decisión del Congreso de investigar los casos que se han cometido en el seno eclesial, un movimiento que “no les ha parecido oportuno” porque la pederastia “es una problemática social”, dicen, que no solo afecta al ámbito religioso.
La CEE también ha anunciado un cambio de rumbo sobre su hasta ahora opacidad en este tema y se han comprometido a informar anualmente de los casos que lleguen a sus oficinas diocesanas de atención de víctimas y a las de las órdenes religiosas. Hasta el momento, la Iglesia solo ha admitido que, en los últimos dos años, ha recibido 502 casos de abusos cometidos por clérigos, sacerdotes y laicos. Lo hizo el pasado marzo, meses después de que EL PAÍS entregase un dosier el pasado diciembre con 251 casos inéditos al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, y al Papa, y que provocó que la Iglesia española afrontase una investigación interna sin precedentes sobre la pederastia.
Los obispos españoles entregaron a la Fiscalía el segundo informe que EL PAÍS le había entregado esa misma semana a Omella con 278 testimonios de víctimas de abusos que señalan a 244 sacerdotes, clérigos y seglares acusados de pederastia —44 de ellos ya habían sido señalados anteriormente como abusadores por otras víctimas—. Consultada después por EL PAÍS, la CEE precisó que también había presentado el primer dosier, aunque no adjuntó los avances de las investigaciones de los casos de ese informe, que llevan en marcha desde comienzos de este año. Argüello no ha aclarado, a pesar de ser preguntado, por qué la CEE no lo hizo.
Ambos informes de EL PAÍS son una continuación del trabajo de investigación iniciado en septiembre 2018, que parte del correo electrónico abierto entonces por este diario y al que han llegado ya más de mil mensajes de denuncia. De este modo, los casos que han salido a la luz en España se elevan a 840 acusados, con al menos 1.594 víctimas, según la contabilidad que lleva este periódico, la única existente ante la ausencia de datos de la Iglesia.
Los prelados tampoco entregaron al Ministerio Fiscal todos los casos que conocen de forma conjunta. Aunque el portavoz de los obispos ha aseverado que desde 2019 las diócesis y las órdenes ya han ido trasladando por separado a las autoridades civiles todas las denuncias que les han llegado y que “fuesen relevantes”. No ha explicado qué parámetros han seguido estas oficinas para considerar qué caso es más “relevante” que otro. “Nuestro deseo es poner en manos de las autoridades judiciales aquellos casos de los que conocemos. Así lo dice el Vademécum publicado por la Santa Sede y lo estamos haciendo”, ha declarado.
Entre los pasos que la CEE ha dado desde entonces, destaca el encargo de una auditoría externa sobre los abusos en su seno, algo a lo que siempre se había negado, al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. A esta empresa, informó Argüello el pasado abril, la Iglesia le ha facilitado el acceso a los archivos de los episcopados españoles para solicitarles documentación. En tres meses, el bufete afirma que solo ha recibido 60 denuncias, la mitad referentes a episodios que sucedieron fuera del ámbito religioso.
Poco más se sabe de los datos que, hasta ahora, los obispos españoles han ofrecido públicamente. La primera información —tras meses asegurando que el problema recaía en “unos pequeños casos”— la dio en abril del año pasado: 220 sacerdotes denunciados en los últimos 20 años, cifra que aportó el Vaticano a la CEE. Casi un año después, en marzo de 2022 y tras la entrega del primer informe de EL PAÍS, admitió 506 casos. No matizó si en esa contabilidad se incluían las denuncias entregadas por este diario. Solo que había casos duplicados, ya que era posible que una misma víctima hubiera informado de sus casos en varias oficinas de atención. “Queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida en la actividad educativa, catequética o misionera no se vean sometidas a una eterna sospecha”, declaró Argüello entonces.
La única información adicional sobre estos datos aparece en un documento privado que la CEE entregó ese mes de marzo a los integrantes de las oficinas de atención a víctimas, al que ha tenido acceso este diario. En él se especifica que, de los 506 casos, 177 fueron registrados por las diócesis y 325 por las órdenes religiosas. También se señala que 103 de los casos hacen referencia a clérigos, 182 a clérigos consagrados, 150 a religiosos no ordenados sacerdotes, 61 a laicos y seis a personas con identidad desconocida. Al menos 90 de los acusados han fallecido y 343 casos de abusos sucedieron en el siglo XX. Más detalladamente, 24 de los casos son anteriores a los años sesenta, 97 entre 1960 y 1970, 100 de la década de los setenta, 81 de los ochenta, 41 de los noventa, 17 pertenecen a la primera década del siglo XXI y 59 son posteriores a 2010. Hay 83 casos que están sin fechar.
El portavoz de los obispos también ha informado durante la rueda de prensa de que este octubre se convocará una reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas para poner en común, durante dos días, los trabajos que han realizado hasta ahora y también para perfilar “un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen”.